Prensa Española

El 70% de los políticos aforados mantendría su privilegio


La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en rueda de prensa tras la reunin del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa. BERNARDO DIAZMUNDO

El PSOE es el partido que en ms ocasiones ha blindado a sus diputados y senadores frente a la justicia

Menos de una de cada tres acusaciones contra diputados y senadores fue por corrupcin

El Gobierno se da un ao para lograr limitar todos los aforamientos polticos

El Consejo de Ministros aprob ayer su reforma del aforamiento, despus de haber recibido la propuesta elaborada por el Consejo de Estado, que plantea modificar los artculos 71.3 y 102.1 de la Constitucin para limitar el privilegio a los «delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo», una definicin abierta e interpretable pero que apunta a los delitos de corrupcin.

De los cerca de 250.000 aforados que existen en Espaa, la reforma de Snchez afectara al 0,25% del total y al 30% entre los polticos aforados, por lo que el 70% de ellos, los diputados y miembros de gobierno autonmicos, mantendra el privilegio.

Quienes gozan de este fuero especial no son juzgados por el tribunal ordinario que corresponda sino que sus causas pertenecen al Tribunal Supremo.

La reforma Constitucional quedar ahora a la espera de su aprobacin en la Cmara, para la que a da de hoy Snchez no rene los apoyos necesarios. Podemos anunci su determinacin de tramitar la reforma va referndum y que sta afecte tambin a los miembros de la Casa Real. Por su parte, Ciudadanos ha expresado su rechazo a que se mantenga el aforamiento para los delitos de corrupcin.

A lo largo de la democracia, el Tribunal Supremo ha solicitado en 95 ocasiones permiso para procesar a 86 diputados o senadores, ya que algunos han acumulado hasta dos o tres causas, segn el anlisis de EL MUNDO a partir de los datos extrados de ambas cmaras.

Esta solicitud es el suplicatorio, un doble escudo para los diputados y senadores, que adems de gozar de un fuero especial, votan en pleno si autorizan o no al Tribunal Supremo para proceder contra sus compaeros. El PSOE es el partido que en ms ocasiones ha blindado a sus diputados y senadores frente a la justicia. el 39,4% de sus acusados fueron salvados por las cmaras, frente al 6,6% en el caso del Partido Popular. Influye el hecho de que el PSOE gobernaba en las primeras legislaturas, cuando denegar la solicitud del Supremo era habitual. No obstante, hoy en da supone un trmite casi automtico, ya que desde el ao 2000 todas las peticiones del Supremo han sido aceptadas por las cortes.

Adems, la doctrina del Tribunal Constitucional limita las posibilidades de que eso ocurra exigiendo que la negativa est motivada por cuestiones que afecten al funcionamiento de la Cmara y en ningn caso por causas particulares. Este juicio prevaleci en 1992, despus de que el Senado hubiera rechazado el suplicatorio contra el senador socialista Juan Gonzlez Bedoya, acusado de injurias graves y desacato. Finalmente, el Constitucional levant la inmunidad al senador pese al veto de la Cmara.

No obstante, siete aos ms tarde, Esperanza Aguirre firmaba la denegacin por parte del Senado para investigar al socialista Manuel Goya Burgus, acusado de prevaricacin y ltimo representante salvado por sus compaeros, a pesar de que la Comisin de Suplicatorios inst dar luz verde a la investigacin del Supremo.

Menos de uno de cada tres delitos que presuntamente habran cometido los investigados est relacionado con corrupcin poltica, siguiendo la definicin del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mayora, sin embargo, tienen que ver con otras causas, como injurias, contra el honor o la seguridad vial, entre otras. Estos seran los que Snchez excluira de ser juzgados directamente por el Tribunal Supremo, previo permiso de las cortes.

Por ejemplo, entre 2010 y 2013, tres diputados populares fueron procesados por conducir bajo los efectos del alcohol. No son los nicos. En 1999, el diputado socialista Javier Barrero fue procesado por negarse a someterse a un control de alcoholemia. Acab siendo procesado por el Tribunal Supremo y absuelto porque ste consider que conducir ebrio slo era delito si se produca un «indudable riesgo». No tuvo la misma suerte Ignacio Uriarte Alaya, del Partido Popular, quien dio positivo en un control de alcholemia cuando era vocal de la comisin no permanente de Seguridad Vial, que s fue condenado en 2011.

Por el momento, el de Francesc Homs es el ltimo suplicatorio votado en el Congreso. La solicitud para procesar al diputado de Convergencia Democrtica de Catalua fue aprobada con 248 votos a favor y 91 en contra en noviembre de 2016; el ex conseller cataln termin siendo condenado por prevaricacin por su implicacin en la consulta del 9N. Al final, el 72% de los suplicatorios votados han concedido al Supremo proceder con la causa.

La mayora de las causas no se admite a trmite

Los procedimientos contra diputados y miembros de gobierno autonmicos son gestionados por los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), en funcin de lo que rigen sus estatutos de autonoma. Algunos miembros de consejos de gobierno autonmicos, no obstante, responden ante el Supremo.

En 2017 se registraron 676 procedimientos penales relacionados con aforados, de los cuales 248 eran causas contra polticos, segn datos de la Estadstica Judicial elaborada por el CGPJ. Sin embargo, la inmensa mayora de los casos ingresados no llegan siquiera a admitirse a trmite.

«Casi en el 100% de los casos se archivan», indican desde el TSJ de Madrid. La mayor parte de los casos afectan a jueces, magistrados y fiscales. Estos procedimientos casi nunca llegan a ser admitidos a trmite. El contenido de las querellas suele ir en la lnea de que el juez «ha tratado mal» al querellante, explican desde el TSJ de Madrid. «En once aos, slo dos casos han salido adelante, contra Elpidio Silva y Coro Cilln«, indican. En ese periodo, segn la estadstica judicial, la sala ingres 841 procedimientos relacionados con aforados.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalua (TSJC) indican que las altas cifras registradas en 2015 se deben a las autoinculpaciones de los ciudadanos relacionadas con la consulta del 9-N, por la que Artur Mas y Francesc Homs, entre otros, ya han sido condenados. Las autoinculpaciones ciudadanas, que se incluyen en las cifras por estar relacionadas con un procedimiento que afecta a aforados, fueron archivadas por el TSJC tras no apreciar delito en acudir a votar.

Tambin en 2012 se observa un aumento de las causas en la regin. En ese caso, desde el TSJC sealan que se deben a varias querellas ciudadanas contra la consejeros de la Generalitat por los recortes. Ninguna fue admitida a trmite.

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