Prensa Española

El caso Aznalcóllar apunta a otra manipulación de la Junta andaluza


El ex secretario de Industria y la ex directora de Minas, Vicente Fernndez y Mara Jos Asensio. J.M.

La juez llama a declarar al jefe de Minas para aclarar si se alteraron los registros oficiales antes de decidir ms imputaciones, incluida la del presidente de la SEPI, Vicente Fernndez

La Junta dio la mina de Aznalcllar a una empresa que an no exista

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La investigacin por las irregularidades en el concurso de adjudicacin de la mina de Aznalcllar podra dar un nuevo giro, el ensimo, con nueva ronda de imputaciones incluida. Todo depende de las conclusiones que saque la juez de Instruccin 3, Patricia Fernndez, del interrogatorio al que va a someter a principios del prximo mes de enero a un alto funcionario de la Junta de Andaluca, el jefe del servicio de Minas.

En el foco, nuevas irregularidades que podran constituir una manipulacin de los registros oficiales mineros por parte de la Junta de Andaluca y que han puesto de manifiesto las dos acusaciones, Ecologistas en Accin y la empresa que perdi el concurso, Emerita Resources.

La magistrada que dirige la investigacin ha citado el prximo 9 de enero al jefe del Servicio de Industria, Energa y Minas, A.A.M., quien tendr que explicar las discordancias que la propia juez encuentra en el informe con el que este funcionario respondi a la denuncia de manipulacin en el Registro Minero para beneficiar, supuestamente, a la adjudicataria de la mina, la filial de Grupo Mxico denominada Minera Los Frailes.

Su citacin responde, a su vez, a un escrito de Emerita Resources en el que la empresa que llev el concurso a los tribunales peda una ampliacin de las imputaciones -ahora mismo hay ocho investigados, entre ellos la ex directora de Minas- que alcanza al que era secretario general de Industria y hoy es presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding empresarial pblico del Gobierno central.

Vicente Fernndez cometi, a juicio de la acusacin, los supuestos delitos de cohecho, trfico de influencias, fraude, negociacin ilegal, prevaricacin y falso testimonio y junto a l incluye a todos los miembros de la mesa del concurso convocado en 2014 por la Consejera de Empleo y que se resolvi en febrero del ao siguiente a favor de la oferta presentada por Grupo Mxico y su socio local, el grupo cordobs Magtel.

En el objetivo de las acusaciones

Fernndez, que tras dejar la Consejera de Empleo y antes de ser llamado por el Gobierno de Pedro Snchez, fue interventor general de la Junta, ya estuvo antes en el objetivo de las acusaciones y sobre l se han cernido las sospechas desde los primeros momentos del caso en relacin a una llamada que los denunciantes de Emerita Resources le atribuyeron para fomentar una alianza con el grupo Magtel despus de una reunin entre los directivos de la empresa cordobesa y los de la empresa perdedora del concurso.

En su escrito al juzgado, Emerita Resources planteaba el hallazgo de hasta cuatro nuevas irregularidades en el concurso. La primera de ellas, ya desvelada por los conservacionistas, es la existencia durante aos de dos registros mineros sobre la misma mina, la de Aznalcllar que, adems, fue otorgada a una sociedad, Minera Los Frailes, en una fecha en la que esta empresa an no exista, como ya adelant EL MUNDO.

Pero, adems, esta acusacin asegura haber encontrado defectos formales de carcter grave en las inscripciones en el Registro Minero, como, por ejemplo, que no se recoge quin lo solicita o la fecha de otorgamiento.

Asimismo, dicen los denunciantes que no hay ttulo de adjudicacin que permita a Minera Los Frailes efectuar trabajos ya en el yacimiento y que los informes esgrimidos para dar por buena la adjudicacin no llegan a entrar en el fondo de la cuestin, si la aceptacin por parte de una empresa que no particip en el concurso fue o no correcta.

Despus de que Ecologistas en Accin empezase a denunciar estas nuevas irregularidades, la Junta de Andaluca emprendi una ofensiva para reclamarle a la organizacin una fianza para poder continuar personada en la causa, 30.000 euros que nunca antes haba solicitado.

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