Prensa Española

PP y Cs rechazan facilitar a Vox los datos sobre los funcionarios de las Unidades de Violencia de Género


La Mesa del Parlamento andaluz ha rechazado tramitar la petición registrada por Vox para que le faciliten información sobre los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género. El líder del partido en Andalucía, Francisco Serrano, defendió haber cursado la solicitud para “fiscalizar” las subvenciones que reciben y denunció que los propios profesionales del gremio se quejan de “irregularidades e injerencias” en su trabajo.

Este órgano parlamentario está compuesto por dos diputados del PP, dos del PSOE, dos de Cs y uno de Vox con derecho a voto, más otro de Adelante Andalucía sin voto. Todos los grupos, salvo el de Abascal, han rechazado tramitar la petición. PP y Cs pretendían corregir la solicitud para que solo incluyera los cargos y currículums de los empleados de Violencia de Género pero el resto de formaciones se opuso por lo que, finalmente, la Mesa ha decidido no tomarla en consideración.

Desde Vox anuncian que volverán a presentar la solicitud para que incluya solo los perfiles profesionales de los funcionarios que trabajan en estas unidades y evitar así que los grupos se amparen en la Ley de Protección de Datos para rechazar su petición. La diputada Ángela Mulas ha anunciado que van a reformularla “desde otra óptica” y ha defendido que “no se rinden”. El portavoz adjunto del grupo, Rodrigo Alonso, defendió previamente que solo les interesa conocer qué titulación tienen estos empleados: “No se trata de señalar y buscar nombres y apellidos“, dijo.

El PSOE y Cs ya anunciaron su voto en contra de la iniciativa y acusaron a su líder en Andalucía, Francisco Serrano, de querer llevar a cabo una “purga“, según dijo Susana Díaz. Críticas que fueron respondidas por el propio Serrano a través de un largo hilo en Twitter en el que desveló condenas por maltrato con informes de psicólogos que no habían obtenido la especialidad requerida o la externalización de las evaluaciones para este tipo de casos, que la Junta encargó a empresas inmobiliarias.


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