Prensa Española

El PSOE inspiró y consintió la gestión irregular de medios y personal del primer Canal Sur (II)


En un clima de enfrentamiento político entre Alfonso Guerra (que dominaba la RTVE y su centro andaluz en la avenida de la Palmera) y Pepote Rodríguez de la Borbolla, que trataba de erigir un PSOE no sometido al aparato se gestó el proceso que condujo a la fundación de la Radio Televisión de Andalucía, más conocida como Canal Sur. El hombre seleccionado para imponer un modelo sin escrúpulos y sectario fue Salvador Domínguez, un don Guido de izquierdas, famoso en Málaga y en Cádiz por su conducta personal, porros, carnavales y excesos varios, conducta de la que se hizo eco hasta El País.

Afiliado al PSOE en 1976, ya muerto Franco, en 1979 aparecía como concejal de Málaga y miembro del equipo director de la Diputación provincial. La primera nota alarmante de su biografía que dio fue la falsificación de su expediente y la manipulación de su ficha de afiliado para poder formar parte de la Ejecutiva Regional del PSOE-A, entonces Federación Socialista Andaluza -, según la denuncia de militantes socialistas de ya en 1979, por irregularidades en las cuentas de la campaña electoral.

Poco después, según recogió el diario Sur y difundió EFE, un militante comunista de Málaga, envió una carta al gerente del Hospital Civil de Málaga, en la que se afirmaba que el concejal y diputado provincial Salvador Domínguez Martín incluía en su cuenta corriente particular fondos provenientes del Ayuntamiento.

Por abreviar cerremos esta incursión biográfica con lo que escribió el periodista Juan de Dios Mellado en Cambio 16: «Los cuatro impositores de la Caja de Ahorros acusaban al gobernador civil de Cádiz (Salvador Domínguez) de haberse apropiado de una colección de sellos de su padre y haber vendido parte de ella en dos tiendas de filatelia de Málaga y también de instar a su mujer, de la que hoy está separado, a inscribirse en la Seguridad Social, en enero de 1973, como empleada de hogar para cobrar el seguro de desempleo.»

Además, contaba que le acusaron de no pagar sus deudas contraídas con la Caja, antes y después de la toma de posesión como consejero de la misma. Y añadían que la situación era similar en relación con otros bancos. Mellado fue objeto de una querella por parte de Domínguez, resultando absuelto.

Antecedente de otros muchos falseadores de currículos, Domínguez daba a entender que era licenciado en Ciencias Económicas y así aparecía en su currículum oficial, pero en realidad no pasó de primero de carrera como publicó ABC. Fue gerente de una empresa de congelados y llegó hasta gobernador civil de Cádiz.

En fin. Dos grandes periodistas andaluces críticos con el poder lo retrataron con precisión. Antonio Burgos diseccionó: «No me digas más, que te veo venir. Lo que ha inventado Borbolla ha sido la Dirección General del Sobre. Acabáramos… Verás tú cómo todos los periódicos agraciados por el sorteo publicitario de Salvador Domínguez empiezan a ponerle orejas de más a Borbolla, y lo hacen salir por la Puerta del Príncipe…»

Manuel Barrios pintó de este modo: «Malagueño de nacencia y militante desde 1974 —que en esto de pintar en rojo casi todos fueron muy prudentes—, lo nombraron gobernador de Cádiz, de donde salió como el gallo de Morón; pero como en estos tiempos se premian los tropezones, de los carnavales pasó a la feria de abril, culminando una carrera iniciada en su segunda juventud: «Me tiré a correr el mundo/cuando ya era mayorcito/ y por eso a mí me llaman/ el gitano señorito».

A pesar de todo y otra vez inexplicablemente, tras haber sido cesado por el gobierno González por su mala fama en Cádiz y formar parte del entramado guerrista de Málaga con Enrique Linde y Carlos Sanjuán de adalides, Salvador Domínguez fue nombrado en 1984Director General de Medios de Comunicación por José Rodríguez de la Borbolla.

Desde su nueva dirección general, Domínguez dedicó sus esfuerzos a servir directamente y sin tapujos al PSOE desde la atalaya de los mil millones de pesetas presupuestados para él por la Junta de Andalucía y su amigo Borbolla.

Su comportamiento desde el principio sentó las bases del funcionamiento posterior de Canal Sur: sectarismo y arbitrariedad. De hecho, y como denunció el Partido Andalucista, Domínguez declaró que sólo recibirían publicidad institucional los «medios afines» y lo recogió ABC.

Cuando el comunismo andaluz era crítico o así lo parecía, su primera figura, Felipe Alcaraz, dijo de la ideología de Domínguez lo siguiente: «Su ideología con respecto a la política de medios de comunicación se basa en un intento dicotómico, por tratar a la vez de domesticar y reprimir a los medios de comunicación, ya que lo que se deduce de la forma de emplear este dinero es que se emplea de una forma bastante, yo diría, criticable, ya que en principio se tiene en cuenta una serie de amistades o de no portarse mal a la hora de distribuir este dinero público, este dinero que nos compete a todos y que surge de todos nosotros.»

Como en otras cosas, Domínguez fue el pionero que puso en marcha la máquina sectaria de distribución de los fondos de la publicidad institucional de la Junta por la que el PSOE andaluz ha sido denunciado, y algunas veces judicialmente condenado, desde entonces hasta ahora.

Una de las barrabasadas –el calificativo fue de Felipe Alcaraz–, protagonizadas por Domínguez en su época de director general fue su contubernio, a plena luz del día, con la Cadena SER ya en manos de Polanco. Luis Marín, portavoz centrista, acusó al PSOE de escasa sensibilidad democrática por el convenio suscrito Junta-SER.

El comunista Alcaraz pidió explicaciones sobre las posibles contrapartidas que el Gobierno daría a la Cadena SER y exigió la dimisión del director general de Medios de Comunicación, Salvador Domínguez, por considerarlo responsable de la «chapuza jurídico-política» que suponía el convenio. Miguel Arias Cañete, de AP, denunció que no se incluyera en los programas quién era el patrocinador y la irregularidad de recurrir a la contratación directa sin concurso a pesar de que su importe superaba los 75 millones de pesetas. «Volumen terrorífico de propaganda», caracterizó Arias Cañete a lo que iba a caer sobre la conciencia de los andaluces desde la SER. No se sabía entonces que todo podía empeorar.

Tras las elecciones generales y autonómicas de 1986, Rodríguez de la Borbolla, anteriormente sólo sustituto de Rafael Escuredo al frente de la Junta, fue elegido en las urnas por mayoría absoluta. Tal resultado consiguió fortalecer su ánimo y, tras haber paralizado el proyecto de un canal regional de televisión con la excusa de la crisis económica y social, ahora, con la misma crisis pero con las televisiones «nacionalistas» ya funcionando, tuvo el panorama despejado. El objetivo era poner en marcha Canal Sur. Si iba a edificar una televisión pública de todos y para todos los andaluces o si se decantaba por hacer un chiringuito de partido, estaba por ver.

Pero cuando empezaron los movimientos para ver quiénes iban a dirigir tal evento, Salvador Domínguez y Francisco Cervantes, entre otros, no quedó duda alguna. Salvador Domínguez, desde su dirección general, había puesto en marcha la Productora Andaluza de Programas (PAP), empresa pública mayoritariamente dominada por el PSOE. Pero ya, entre caballo y caballo, se dedicaba a la erección de Canal Sur Radio y Televisión.

Desde la nueva empresa pública, la PAP, Domínguez ejercitó como nadie «el «dedo» incluso para adjudicaciones que deberían haber sido objeto de concurso público. Escandalosa fue la concesión sin concurso previo de un programa de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, 26 programas a emitir en el circuito regional de la RTVE. La serie fue adjudicada a la productora Videoplanning, una de las «pata negra».

La empresa de Antonio Pérez y José Luis Vázquez –luego controlada por un ex vicepresidente de la Junta y un ex director general de la RTVA–, recibió incluso un préstamo de la Junta por importe de 10 millones de pesetas. Por aquellas operaciones y, en privado, siempre han reconocido que tuvieron que «compensar» a sus benefactores, pero nunca quisieron aportar prueba alguna que, según uno de ellos, conservaban bien guardadas, e incluso endosadas, en una caja fuerte.

Izquierda Unida, contra cuyos intereses políticos iba dirigida también la serie, protestó. De hecho, según este grupo parlamentario, «el carácter propagandístico de la serie que se anuncia convierte estas emisiones en un hecho insólito dentro de TVE, y sobre el que IU-CA elaborará un informe para elevarlo a la dirección del ente público RTVE».

Las malas relaciones entre la Junta, que quería construir su propio canal sin tutela alguna de Madrid, y la RTVE, controlada por Alfonso Guerra, crecieron. Y la mala prensa de la PAP, SA también, hasta el punto de que nuevamente la gestión de Domínguez fue cuestionada en sede parlamentaria.

La Productora Andaluza de Programas, S.A., comenzó sus actividades el 11 de junio de 1986, otro hecho consumado más porque, legalmente, se constituyó el 29 de octubre de 1986, casi cinco meses más tarde, con un capital social de cien millones de pesetas, suscrito íntegramente por Soprea, una sociedad empresarial de la Junta de Andalucía.

Dedicada oficialmente a la producción de cine, Salvador Domínguez, en un dudoso y también pionero ejemplo de incompatibilidad de altos cargos, ejercía al mismo tiempo las funciones de director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía con la presidencia de PAP, SA. IU-CA denunció que PAP, SA intermediaba contratos de programas con destino a la Junta de Andalucía y solicitaba ideas y proyectos para el tercer canal de televisión andaluza, sin tener ninguna facultad para ello. Pero no había manera de que el director general Domínguez compareciera en el Parlamento para dar cuenta de una más que sospechosa gestión, sectaria y opaca.

El 1 de diciembre de 1987, Domínguez dimitía de la Dirección General, no como castigo como creyeron algunos ingenuos, sino como paso previo a su nombramiento como primer Director General de la Radio Televisión de Andalucía que estaba a punto de nacer.

Aunque la oposición política, toda ella sin distinción desde AP a IU, exigió el consenso en el nombramiento del director general de la nueva televisión andaluza, no ocurrió de ese modo. Con toda la oposición política en contra, Rodríguez de la Borbolla perpetró su nombramiento el día antes de la Navidad de 1987.

Al parecer, el PSOE de Borbolla necesitaba un personaje simpático y autoritario al tiempo, poco sensible a normas y reglamentos, que consiguiera un ente absolutamente controlado por el PSOE, en ese momento inicial y en el futuro, tanto a niveles informativos, como económicos como industriales. Ese fue su encargo. A cambio, manos casi libres y ningún control sobre los dineros por parte de la Junta de Andalucía.

Los primeros escándalos del Ente Público RTVA

Antes de comenzar su andadura burocrática, la nueva televisión ya fue acusada de «suciedad» en los procedimientos y el sector de las empresas electrónicas denunció irregularidades en el concurso de equipamiento de la televisión y la radio andaluza. En un informe llegado a ABC, se decía: «Este concurso ha sido preparado en forma absolutamente anormal, con unas intenciones parciales y dirigido claramente hacia un específico adjudicatario (…). Creemos que sólo el desconocimiento de lo que han preparado personas a nivel de director general e inferiores, permite que se corra el riesgo de meterse en un asunto que puede alcanzar resonancia a nivel nacional e internacional».

Incluso El País, en cuyo archivo digital no aparecen apenas noticias sobre los escándalos de Canal Sur, reconocía que desde el principio la cosa olía a «cueva de ladrones», olor del que huía sin éxito la Junta de Andalucía. Pero la Junta debía responder de las acusaciones de «supuestas irregularidades en la tramitación y convocatoria del concurso, por valor de unos 800 millones de pesetas.

Alianza Popular pidió la revisión del asunto tras la difusión de un escrito, en el que empresarios que no se identificaban «denunciaban defectos en la convocatoria para favorecer a una determinada empresa, según indicó a este periódico Manuel Ponce, representante de AP en el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)».

Lamentablemente, nadie interpuso recurso contra este concurso de equipamientos cuyo proyecto se encargó a dedo al ingeniero de telecomunicaciones Fernando Pardo, al que se atribuían relaciones con PESA, empresa controlada por el INI que sería supuestamente la beneficiada por las condiciones fijadas. Y así fue. El concurso fue adjudicado en su mayor parte a la empresa PESA y a otras dos, favorecidas con pequeños lotes.

Domínguez afirmaba que tenía un informe que respondía a todas las dudas, pero no asistió a la primera reunión del consejo de Administración de la RTVA donde iba a presentar el «contrainforme», «rebatiendo punto por punto», las acusaciones. Fue una amigdalitis, se dijo, la que impidió a un «chungo» Salvador Domínguez dar la cara. El informe no se vio e incluso se albergaron dudas respecto a su existencia, tantas que IU-CA anunció que llevaría el caso al Parlamento por irregularidades jurídicas del concurso.

Se empezaba a hacer realidad el pronóstico del periodista y exdirector del centro regional de TVE en Andalucía, Ignacio Romero de Solís: «Aún más grave es el caso de la televisión regional, porque su coste es muchísimo más elevado y supondrá la creación de un ejército de funcionarios, a los que se les exigirá el carnet; además, resultará una caricatura de la televisión que actualmente padecemos: su nivel artístico será ínfimo y su objetividad informativa aún menos que escasa.» Clavado.

Y luego vino la política chapucera e irregular de contrataciones y personal. Será en otras entregas.


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