Prensa Española

La sentencia de caso ERE: el juicio a la tela de araña socialista tejida desde 1982


No se refiere a toda la tela de araña extendida sobre Andalucía sino sólo a uno de sus hilos: el uso presuntamente irregular de las subvenciones sociolaborales para beneficiar a los afines -políticos, sindicales y empresariales -, y, de paso, consolidar castas internas que se enriquecieron con comisiones y mordidas tan abundantes como para permitir «asar a una vaca».

En cualquier caso, se esté ante la organización ilegal de un «fondo de reptiles» para usarlo a conveniencia política con destino a zonas o sectores electoramente convenientes para el PSOE o se esté, y así lo retrató el ex presidente del PSOE y de la Junta, José Antonio Griñán, ante un grupo de «reptiles utilizando un fondo legal», el caso de los ERE es uno de los casos de corrupción más importantes de la historia de la democracia española.

Lo es porque la cantidad de dinero ilegalmente utilizado, 854 millones de euros, es abrumadora y parece increíble. Casi 150.000 millones de pesetas lo aclaran aun más. Lo es porque, en el mejor de los casos, sólo fueron destinados a beneficiar al 5 por ciento de los trabajadores andaluces afectados por algún expediente de regulación de empleo durante el período juzgado, 2001-2010, en un ejercicio arbitrario fuera de la toda ley.

Pero el caso de los ERE sólo se refiere al capítulo de las subvenciones, un hilo de la extensa tela de araña tejida por el PSOE en Andalucía, por lo que nada tendría de extraño que poco a poco fueran tomando forma judicial nuevos escándalos relacionados con las adjudicaciones, con las antiguas cajas de ahorro, con los cursos de formación (ya en marcha), con el enchufismo en la administración pública y sus entes paralelos, con Canal Sur y las concesiones de radio y Tv, con la sanidad (algunos ya han saltado), con la educación, con las ONG´s…En fin, un horizonte inquietante.

El caso Guerra y los jueces instructores

El próximo mes de enero se cumplirán 30 años ya de la salida a la luz del caso Guerra, caso que tuvo como consecuencia previa la dimisión de su hermano, el todopoderoso hasta entonces vicepresidente del gobierno y vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, en 1991. No era el primer caso de corrupción socialista – antes salieron otros casos en Madrid y en la propia Andalucía -, pero fue el más espectacular y mediático de todos los conocidos hasta entonces.

Pues bien, a pesar de su resonancia popular y política extraordinarias, sus asuntos penales fueron de mucha menor relevancia y cuantía que el actual caso ERE. Juan Guerra había ocupado irregularmente un despacho en la Delegación del Gobierno de Sevilla y se le acusaba de casos puntuales de tráfico de influencias, que entonces no era delito, de una dimensión más que moderada. Finalmente fue condenado por fraude fiscal.

En lo que sí hay semejanzas es en el trato a los jueces a los que tocó instruir sus casos. Como en el caso Guerra, en que el juez instructor Ángel Márquez fue objeto de todo tipo de ataques e incluso de intentos de soborno por parte del PSOE a nivel nacional, la juez Alaya ha sido objeto de constantes ataques por haber sido implacable en llegar hasta la «cúspide de la pirámide» de este gran caso de corrupción de la historia reciente de España y Andalucía.

La juez María Núñez Bolañosha sido motivo de críticas muy contundentes, pero por todo lo contrario. De hecho, su tibieza, cuando no sus retrasos o sus archivos insólitos de piezas, despertaron las naturales sospechas y, finalmente, hasta la propia Fiscalía Anticorrupción de Sevilla elevó unas quejas muy fundamentadas sobre el comportamiento de una juez que, por si fuera poco, no era especialista en Derecho Penal y cuya tesis doctoral, sobre materias de Derecho Civil, está bajo sospecha de plagio.

El caso Juan Guerra facilitó que Manuel Chaves, de la mano de Felipe González llegara a la presidencia de la Junta de Andalucía en 1991 donde se mantuvo hasta 2008, siendo sucedido por José Antonio Griñán hasta 2013. Esto es, son casi 23 los años que abarca la gestión que ambos han hecho del dinero y de las formas políticas andaluzas. El período que se juzga y los hechos por los que han sido procesados, junto a 19 ex altos cargos más de la Junta, se ciñe a la década que va desde 2001 a 2010.

En ese período, ambos fueron presidentes de la Junta (Griñán durante muchos años de la década consejero de Hacienda), llegaron a ser presidentes nacionales del PSOE y secretarios generales del PSOE andaluz. Si a ellos se suman los ex consejeros, viceconsejeros y directores generales encausados, podemos decir con propiedad que se ha juzgado el modo de gobernar del PSOE andaluz desde sus más altas instancias.

La legalidad o no del «fondo de reptiles» y su malversación

Así fue cómo lo llamó el director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, en uno de los interrogatorios iniciales ante la Guardia Civil. Lo que se ha juzgado en la Audiencia de Sevilla durante 2018 no es todo el caso ERE sino solo la pieza que trata del procedimiento utilizado para regar de dinero a empresas, trabajadores, aseguradoras, intermediarios e intrusos.

Cuando se conozca la sentencia este próximo martes, quedarán más de 185 piezas separadas del sumario original instruido por la juez Mercedes Alaya, que se troceó en piezas con el acuerdo de la Fiscalía y del propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y contra el criterio de la juez instructora. Es decir, que el caso ERE no terminará el próximo martes, sino que seguirá vivo y coleando a lo largo de los próximos años.

Algunos elementos llamativos del conjunto del caso es que ha afectado con imputación precisa a alrededor de 300 personas; que trata de enjuiciar el uso y destino de más de 854 millones de euros si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido y sus intereses correspondientes (741 millones en origen, reducidos luego a 680 por eliminarse del juicio lo ocurrido durante el año 2000); que decide si los dineros públicos empleado en ayudas sociolaborales fue fraudulenta y clientelar (el que la propia Junta reclamara como irregulares 135 millones da una idea de que los indicios eran sólidos).

Pero en este primer y relevante juicio se trata de dictaminar si todo el entramado del caso respondía o no a un diseño político establecido desde la cúpula de la Junta para apuntalar su sistema clientelar desde el año 2000 hasta el 2010 con mal uso del dinero público mediante un procedimiento presuntamente irregular para tales fines conocido como «transferencias de financiación» habitualmente utilizadas para regularizaciones contables de las cuentas públicas.

En resumen, determinadas empresas y colectivos de trabajadores, con participación de dirigentes de UGT y CCOO, obtenían arbitrariamente ayudas bajo la forma de subvenciones o articulación de los ERE que eran financiados anómalamente por la Junta de Andalucía desde tales transferencias de financiación sin atender a consideraciones legales ni de mercado.

El dinero destinado a tal menester se cargaba, sobre todo, a la partida presupuestaria 31L, conocida como «fondo de reptiles» desde donde llegaba a la Agencia IDEA, antes IFA, bajo el ropaje de las conocidas como «transferencias de financiación», un mecanismo sólo permitido para equilibrar cuentas públicas, no para albergar subvenciones encubiertas según las denuncias de la propia Intervención de la Junta.

El caso es que el procedimiento, irregular según el Interventor General de la Junta de Andalucía y otros expertos, se mantuvo a pesar de las advertencias con la excusa de «agilizar» los procedimientos administrativos que retrasaban las ayudas consideradas urgentes. Además, se perpetró un indiscriminado incremento de las comisiones para intermediarios de las aseguradoras intervinientes en el pago de las prejubilaciones decididas por la Junta de Andalucía.

Según la Fiscalía, nadie puso coto ni freno a estas prácticas irregulares y arbitrarias para conceder subvenciones y financiación a según qué empresas y colectivos de trabajadores dejando a otros con el mismo derecho sin cobertura y ninguno de los altos cargos eliminó durante diez años el procedimiento de las «transferencias de financiación» cuyo uso había sido denunciado por la Intervención General.

José Antonio Griñán, que además de expresidente de la Junta fue el consejero de Economía y Hacienda que debió haber cortado de raíz las irregularidades, se lleva la peor parte, con una petición de penas de seis años de cárcel por malversación de caudales públicos. Manuel Chaves sólo afronta penas de inhabilitación para ejercicio de cargo público como consecuencia de un delito de prevaricación. Los demás combinan ambas penas, cárcel y/o inhabilitación siendo el más grave el del ex delegado del gobierno y exconsejero, José Antonio Viera, al que se le piden ocho años de cárcel.

21 acusados, 116 testigos, 59 de las defensas y 57 de la acusación, que han ejercido la Fiscalía, el PP y Manos Limpias, peritos y expertos conocerán este martes la sentencia. Sabremos entonces si el tribunal considera que los procesados decidieron actuar irregularmente a sabiendas y si los dineros públicos utilizados fueron malversados.

Frente a esta tesis, derivada sobre todo del peritaje de la Intervención General del Estado y de la homónima de la Junta de Andalucía, está la posición de los acusados de que las irregularidades fueron cosa de «tres o cuatro golfos» en un maraco totalmente legal.

Según esta versión, en todo momento se tuvo en cuenta la legalidad vigente nacional y las transferencias de financiación fueron un instrumento legal adecuado para financiar las ayudas. Las comisiones a las aseguradoras eran totalmente legales y ajustadas al mercado. Por tanto, las ilegalidades se produjeron muy debajo de las máximas jerarquías, en los dominios de los chivos expiatorios perfectos, los consejeros de Trabajo y los directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía.

La petición de la Fiscalía Anticorrupción

Según su texto acusador, los hechos narrados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación de los artículos 404 y 74 en relación de concurso medial con un delito continuado de malversación del artículo 432,1º y 2º y del art. 74, todos del Código Penal en su redacción vigente al tiempo de cometerse todos los hechos

Considera autores del delito continuado de prevaricación a Manuel Chaves González, José Antonio Griñán Martínez, Gaspar Zarrías Arévalo, José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Magdalena Álvarez Arza, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Justo Mañas Alcón, Gonzalo Suárez Martín, Jesús Mª Rodríguez Román, José Salgueiro Carmona, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Antonio Vicente Lozano Peña, Manuel Gómez Martínez, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso, Antonio Valverde Ramos y Francisco del Río Muñoz.

Del delito continuado de malversación cree autores a José Antonio Griñán Martínez, José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Justo Mañas Alcón, Jesús Mª Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Manuel Gómez Martínez, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos.

Por el delito continuado de prevaricación a cada autor corresponde una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años.

Por el delito continuado de malversación a José Antonio Viera Chacón , Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Jesús Mª Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Juan Francisco Sánchez García , Javier Aguado Hinojal , Lourdes Medina Varo, Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jacinto Cañete Rolloso , una pena de prisión de 8 años, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años.

A José Antonio Griñán Martínez , Carmen Martínez Aguayo, Justo Mañas Alcón , Daniel Alberto Rivera Gómez , Manuel Gómez Martínez y Antonio Valverde Ramos , una pena de prisión de 6 años, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años.

Además, los autores del delito de malversación deberían responder, en caso de atenderse la petición de la Fiscalía, de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2001 a 2010. del programa.

Las tres opciones que puede contemplar la sentencia

O hay absolución total de todos los procesados o hay condena total o hay una ponderación según personas y delitos. La absolución generalizada de todos los procesados resulta muy improbable dadas las pruebas aportadas y la solidez de las acusaciones, además de los 187 procesos pendientes de que la instrucción finalice.

Tampoco parece probable que haya absoluciones de algunos de los procesados y no de otros puesto que todos ellos eran conscientes, en diferente grado, eso sí, de los presuntos delitos cometidos. Por supuesto, la condena total y en los términos fijados durante el juicio por las acusaciones pública y particulares, no se espera.

En los mentideros judiciales, la vía que parece abrirse como la más realista es que el Tribunal se centrará más en los delitos de prevaricación continuada que en los relacionados con la malversación de caudales públicos (que conlleva penas de hasta 8 años de cárcel) que deberán ser juzgados posteriormente en cada una de las piezas pendientes.

De todos modos, hay un grupo de personas, singularmente, los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y el director general Francisco Javier Guerrero, sobre los que puede recaer una condena más contundente por su relación directa con los hechos enjuiciados.

Pase lo que pase, la inmensa mayoría del dinero público empleado en estos procedimientos irregulares ya no se podrá recuperar jamás. De los centenares de millones de euros sólo se han podido recuperar menos de 10 hasta 2018.


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